La política de tipos de cambio múltiples que implementa el Gobierno hace imposible estar actualizado con tanta discrecionalidad y limitaciones, además de ser un incentivo para conseguir cómo hacer para eludir este mercado tan complicado; las diferencias son tan grandes que alimentan la especulación y la corrupción. Toda vez que un gobierno cree que puede fijar y decretar el precio de algo termina por no saber cómo salir del problema y cae en el ridículo y la incoherencia. Esto es lo que le está sucediendo al actual gobierno como consecuencia del llamado cepo cambiario.

Con el fin de reducir la inflación y la fuga de capitales, se dispuso controlar el tipo de cambio aplicado a exportaciones, importaciones y transacciones financieras, obligadas a operar en el mercado oficial. La medida persigue utilizar la cotización del dólar como ancla antiinflacionaria. Además, se complementa con congelamientos y controles de precios. No es una política novedosa en la Argentina, es más, nunca resultó efectiva; fue aplicada muchas veces y fracasó siempre que se lo intentó; no solo fue así, sino que los controles de precios o del tipo de cambio dejaron una costosa secuela de problemas; entre ellos, la destrucción de la capacidad productiva y una escalada aún mayor, de la inflación.

La pregunta es por qué, ante tales evidencias, los gobiernos insisten en aplicar controles directos. Una razón es la resistencia ideológica de gran parte de la clase política a aceptar que la inflación tiene origen macroeconómico y particularmente monetario. Ese mismo sesgo ideológico rechaza al mercado como instrumento eficiente, compatible con la libertad ciudadana. Además, quienes carecen de formación económica se apoyan más en lo intuitivo y creen que los productores y comerciantes son quienes fijan los precios, los aumentan arbitrariamente y “se llevan la plata con carretilla”. En el planteo amigo-enemigo de esta equivocada concepción, los que están del otro lado merecen, como mínimo, ser controlados imponiéndoseles los precios.

Cuando los efectos indeseados de los controles llegan a un límite, se hace necesario salir de ellos o compensarlos. La peor alternativa es la que está siguiendo el actual gobierno, al otorgar excepciones y dar alivio en forma discrecional a unos y no a otros.

Es así como apareció el dólar soja para inducir a los exportadores a no retener el grano y concretar los embarques. A quienes lo hicieran antes de una fecha determinada se los autorizó a liquidar un porcentaje de los dólares obtenidos en el mercado financiero. Así obtuvieron alrededor de 200 pesos por dólar en lugar de 140. El Banco Central pudo pasar a comprar reservas luego de que estas cayeran a niveles críticos. Pero superado el plazo de vigencia, los exportadores de soja vuelven a esperar una devaluación, reteniendo el grano. Ni hablar que esta medida es totalmente anticonstitucional pero eso ya lo conocemos en Argentina, donde nadie levanta la mano para reclamar justicia.

Por su lado, no pocos importadores aceleran sus compras o las sobrefacturan, asumiendo también que llegará una devaluación general. El Banco Central ha vuelto a vender reservas, convalidando esa presunción. La aceleración de la devaluación diaria del dólar oficial no ha sido suficiente para reducir la brecha cambiaria y, además, sigue quedándose corta frente a una inflación que crece sin parar.

Como consecuencia del dólar soja, inmediatamente otros sectores reclamaron tipos de cambio más favorables. La respuesta fue admitir el dólar tecno para la industria del conocimiento. Aparecieron, además, los llamados dólar Qatar y dólar Coldplay, junto a otras cotizaciones como el dólar cripto, que replicaba la cotización en dólares del bitcoin. Estas variantes se suman al dólar oficial (mayorista y minorista), el dólar ahorro, el dólar turista y el dólar tarjeta, el contado con liqui, el MEP y el dólar informal o blue, entre otros.

Estamos así, ante innumerables cotizaciones, algunas de las cuales favorecen al Gobierno y otras ofrecen ventajas para quienes tienen acceso a ellas. Los sectores que aún no lograron las suyas hacen lobby y presionan para obtenerlas.

El intervencionismo pone así decisiones que implican millones de dólares en manos de funcionarios que no deben atenerse a reglas preestablecidas. Frente a su escritorio, se sientan inexpertos “especialistas en mercados regulados”. Es un caldo de cultivo para la corrupción y un escenario impredecible e inabordable para convocar inversores de riesgo en la Argentina. Por otro lado, del ridículo no se escapa. Resuena la voz de aquel vendedor de colectivo que ofrece diversos artículos “para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero”.